En una entrada anterior, hace alrededor de 9 meses, hablábamos de la Ley Sinde, una norma perversa que pretende despojar a la ciudadanía de un principio básico de nuestra democracia, la presunción de inocencia, que debe mantenerse hasta que un juez o una jueza confirme la inocencia o dictamine la culpabilidad mediante una sentencia firme. Lo que pretende esta controvertida ley es que una comisión administrativa pueda tomar la decisión de cerrar un sitio web sin dejar posibilidad de defensa alguna a la persona responsable de ese mismo sitio.
Nueve meses después de esa entrada, la titular de ese patético círculo de amigotes en el que se ha convertido el Ministerio de Cultura sigue empeñada en conseguir la aprobación de esa ley, atropellando no sólo la ya citada presunción de inocencia, sino también la garantía democrática que representa la separación de los poderes del Estado (el poder ejecutivo quiere neutralizar el poder judicial debido a que los miembros de éste, en cumplimiento de lo establecido en nuestra Carta Magna y en defensa de los derechos que ésta otorga a los ciudadanos y ciudadanas de este país, han sido siempre independientes, inamovibles, responsables y sometidos únicamente al imperio de la Ley sentenciando una y otra vez la legitimidad de la copia privada) y el derecho, también constitucional, a la cultura y la información.
No quisiera que se malinterpretaran mis palabras: no quiero negar el derecho a la remuneración del trabajo intelectual, sino afirmar que este derecho tiene que ser regulado de una manera que sea legítimo y no pueda violar otros más importantes.
Hace unos días, desaprovechando el tiempo que han tenido para recapacitar, han vuelto a la carga y han intentado que esa norma fuera aprobada por el Congreso. Su fracaso ha provocado la reacción en cadena de una serie de personas demasiado habituadas a cobrar varias veces por el mismo trabajo como para renunciar a ese injusto y trasnochado privilegio. Estas mismas personas que, mientras acusan de ladrón, pirata o proxeneta a todos los que hacen legítimo uso de su derecho de copia privada, no tienen ningún escrúpulo en embolsarse el canon digital que estamos obligados a pagar cada vez que compramos algún aparato electrónico, o soporte de memoria -como ordenadores, teléfonos, cámaras de fotos, tarjetas de memorias, discos duros, CD, DVD, etc.- aún sabiendo que muchísima gente (entre los cuales me encuentro yo) sólo los usa para contenidos originales o publicados con alguna licencia copyleft.
Alejandro Sanz, autor de las bonitas palabras que podemos leer junto con otras perlas en el enlace anterior, ya ha tenido su respuesta de la Asociación de Internautas, tan educada como acertada.
Otro personaje que se ha cubierto de gloria ha sido el actor Javier Bardem, que, en un argumento basado en lo que merecería pasar a la historia como el paralogismo del tomate, ha conseguido ser todavía más maleducado y difamador que el cantante, con palabras como:
Dejémonos de estupideces: eso es robar. Es la orgía del crimen, la bacanal de violaciones a terceras personas.
La respuesta esta vez le ha llegado de un usuario de menéame, humitsec, quien ha escrito el siguiente comentario que, al no tener desperdicio, merece ser copiado integramente para su mayor difusión (Creative Commons, señor Bardem, ¿sabe usted lo que es éso?).
Pongamos el mismo ejemplo.
Javier Bardem quiere «comprar un tomate fresco». Para usar el paralelismo con la industria cultural, Javier debería acudir a una tienda en la que tras pasar por sucesivas manos, el tomate ha incrementado su valor de manera artificial, repercutiendo en el horticultor en menos del 0,1 % de su valor de venta. Son otros, los intermediarios, los que han cobrado más, en muchos casos tan solo por cambiar la pegatina que viene puesta en el tomate. Algo que, por desgracia, no dista mucho de la realidad del mercado de la agricultura –y de la pesca, y de la ganadería…–.
Pero ahora viene la gracia. Javier Bardem no puede compartir ese tomate que acaba de comprar con nadie más, pues de lo contrario la Sociedad General de Agricultores y Especuladores se cabreará con él y lo llamará ladrón: «¡Quien quiera un tomate que se lo compre! ¿Qué es eso de compartir?».
Tampoco puede alterarlo en cualquier forma que no haya sido expresamente autorizada por el horticultor. De hecho, su intención de usarlo para hacer gazpacho se considera un uso no autorizado, y la Sociedad General de Agricultores y Especuladores la condena, llegando a denunciar al comprador si se hace pública la manipulación no autorizada: «El gazpacho, como resultado de la manipulación del tomate entre otros productos, es algo que sólo nosotros, como creadores del tomate original podemos realizar, ya que ese derecho es nuestro. Cualquier manipulación realizada por terceros sin nuestra autorización es una violación de nuestros derechos, y debe ser castigada».
Para colmo, Javier Bardem tampoco puede comerciar con el tomate que acaba de comprar. Si fuera el caso de que tuviera un restaurante donde sirviera ensaladas de tomate –plato que debería contar con la autorización de la Sociedad General de Agricultores y Especuladores–, debería pagar otra vez al horticultor por el lucro cesante que le supone que los clientes de su restaurante vayan a comer un tomate allí, en lugar de comprar otro para ellos. Incluso si el horticultor acuerda no cobrar por este uso, la Sociedad General de Agricultores y Especuladores le cobrará una compensación por tal uso no autorizado.
Por si esto fuera poco, al día siguiente Javier Bardem descubre que tiene que seguir pagando por el tomate que compró ayer, pues los derechos que reconocen el esfuerzo del horticulor estipulan que hay que pagarle por este trabajo hasta más allá de su muerte. Al fin y al cabo él trabajó para producir ese tomate, él plantó la semilla, y día tras día cuidó del crecimiento de la planta, alimentándola cuando lo necesitaba, protegiéndola cuando se debía, hasta el momento de poder recoger su fruto: el tomate. Y ese trabajo debe ser recompensado toda la vida, porque al fin y al cabo, una vez que Javier Bardem ha consumido ese tomate, su organismo se ha beneficiado de él, y ese beneficio para Javier Bardem puede durar años.
Por supuesto este pago Javier Bardem no lo tiene que realizar directamente. No es un impuesto, sino un cobro de derechos, en lo que todo aquello que esté relacionado con el tomate que compró ayer incluirá el pago al horticultor.
De hecho, para proteger el trabajo del horticultor, se ha prohibido que cualquiera pueda producir tomates iguales o razonablemente parecidos a los que compró al horticultor. Por eso no se venden semillas de tomates de ese tipo. Y como aun así es posible que Javier Bardem las obtenga del propio tomate, para reducir el perjuicio ocasionado al horticultor, la Sociedad General de Agricultores y Especuladores ha logrado que se apruebe la inclusión de un canon compensatorio en todos aquellos productos que pudieran facilitar que cualquiera produjera tomates similares a título privado. Este canon se puede encontrar en el abono, el agua, las mangueras, las regaderas, los maceteros, los tiestos, los sistemas de aspersión, las palas, los rastrillos, las carretillas, las azadas y en general cualquier herramienta de agricultura y jardinería, los plásticos y estructuras de posible uso para la construcción de invernaderos, etc.
Por suerte para Javier Barden hay un grupo de personas que consideran que esta situación es un abuso, y han creado sus propias huertas, donde venden los tomates sin todas las restricciones que se han citado, permitiendo su uso y consumo como mejor le parezca al comprador, y destinando prácticamente todo el dinero cobrado al propio horticultor.
Otras personas han creado huertas públicas, donde el cuidado y el mantenimiento de los productos de la huerta es responsabilidad solidaria de todos, y todos pueden disfrutar libremente de los resultados.
En algunos casos las tomateras son el producto de las semillas de los tomates obtenidos a través de la compra a los horticultores tradicionales, y eso ha cabreado a la Sociedad General de Agricultores y Especuladores, porque dicen que eso es piratería, que se están aprovechando del trabajo de sus horticultores, e incluso están en algunos casos obteniendo beneficios por ello.
Así, la Sociedad General de Agricultores Y Especuladores, junto con otros colectivos afectados como Proagripescae, han denunciado en varias ocasiones a los que mantienen dichas huertas. En algunos casos incluso han tratado de crear la idea de que su actividad es más delictiva si cabe porque cobran por otros servicios a quienes acceden a sus huertos a por los productos que allí se disponen gratuitamente.
Por fortuna los jueces, que aun tienen algo de sentido común, siempre han sentenciado a favor de las personas encargadas de las huertas. Esto ha molestado a las sociedades mencionadas, que han movilizado a los horticultores para que protesten y presionen con el objetivo de aprobar una ley que permita cerrar esas huertas sin necesidad de que lo ordene un juez.
¿Qué piensa Javier Bardem de que un colectivo que es parte del conflicto pueda decidir si cierra o no una huerta pública sin requerir la acción de un juez?
La entrada Javier Bardem y el paralogismo del tomate ha sido publicada primero en educacionmusical.es.
