En el resumen de las aportaciones recibidas al anteproyecto de ley orgánica para la mejora de la calidad educativa, que publica el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte en su web se puede encontrar una reseña a las propuestas de la Plataforma por la Integración de las Enseñanzas Artísticas Superiores en el Sistema Universitario:
Se han recibido numerosas aportaciones sobre Enseñanzas artísticas superiores, para las que se reclama la igualdad real con las titulaciones universitarias, su consideración como estudios de Grado y Posgrado, y se propone su integración en la universidad, con la participación de profesores y alumnos, de los agentes sociales y de los profesionales relacionados con las Enseñanzas artísticas superiores, atendiendo a las particularidades propias de estas enseñanzas y de sus necesidades específicas, pero siempre en vista a su normalización dentro del sistema educativo general, sin regímenes especiales.
A partir de septiembre se va a empezar a tramitar la ley en el parlamento, por lo que es depende de estas semanas que la balanza se decida hacia la integración con la universidad, o seguir con el tortuoso camino de las equivalencias, cuya última consecuencia hemos visto en las bolsas de interinos de Cataluña. Y en nuestras manos está apoyar una decisión u otra. Firma la petición en Change.org para mostrar al ministerio que somos más los que nos hemos cansado de la marginación de nuestras enseñanzas respecto al resto del sistema educativo español y europeo:
-> ACCEDE A LA FIRMA EN CHANGE.ORG<-
Seguimos con el análisis de los aspectos legales sobre los derechos y deberes de los alumnos, aprovechando que pertenezco a la Comisión de Convivencia de mi Conservatorio. (Aquí el enlace a el análisis de la normativa nacional)
En el marco autonómico de la Comunidad Valenciana, nos encontramos con el Decreto 39/2008. Guardo un grato recuerdo de este decreto, ya que se publicó durante el año en que me preparaba las oposiciones que gané a finales del curso 2008. Me acuerdo de que salió publicado en abril, y modifiqué mi programación para adaptarla a esta nueva norma, siendo una de las pocas personas de mi oposición que hizo referencia a el nuevo decreto en la exposición de su Programación Didáctica.
En el marco constitucional, el artículo 27 reconoce a todos el derecho a la educación. De éste se deriva la responsabilidad que pesa sobre los poderes públicos para su consecución y el deber y la responsabilidad que tienen los padres, madres, tutores o tutoras de cumplir con la escolarización de sus hijos e hijas y atender las necesidades educativas que surjan de ésta.
La labor de los docentes es un elemento fundamental para la educación. Por tanto, la sociedad, y especialmente los padres, madres, tutores o tutoras y alumnado, deben entender y aceptar que los docentes merecen su reconocimiento y valoración.
